¿Es esta reforma una verdadera modernización del sistema fiscal o una mera herramienta para recaudar más dinero a expensas de la clase trabajadora?

El pasado 16 de octubre, el Gobierno de la República Dominicana presentó ante el Congreso Nacional su tan esperado Proyecto de Ley de Modernización Fiscal. Según las autoridades, este ambicioso proyecto busca estabilizar la economía, controlar el crecimiento de la deuda pública y mejorar servicios esenciales como la educación, la salud y la seguridad, todo bajo la premisa de un desarrollo sostenible.

En teoría, la propuesta parece alinearse con las necesidades urgentes del país. El Gobierno asegura que, al reducir el déficit fiscal del 3% del PIB, se garantizará la estabilidad económica a largo plazo.

Entre las medidas presentadas, destacan exenciones fiscales a productos básicos y servicios esenciales, lo que, de primeras, pareciera beneficiar a los sectores más vulnerables.

Sin embargo, la realidad es más compleja. Aunque se proyecta una recaudación total de RD$122,486.6 millones (aproximadamente 1.5% del PIB), el corazón de esta recaudación descansa sobre el aumento del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), que se extenderá a productos y servicios anteriormente exentos. Este impuesto indirecto impacta de manera desproporcionada a la clase media, ya que grava por igual a todos, independientemente de sus ingresos. Así, el peso fiscal se intensifica para un sector que ya se encuentra presionado por la inflación y salarios rezagados.

La clase media no solo se verá afectada por el ITBIS. Otros gravámenes, como el Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria (IPI), experimentarán modificaciones severas, reduciendo el umbral exento de RD$9.8 millones a RD$5 millones. Esto forzará a muchos propietarios a trasladar el costo a sus inquilinos, incrementando el precio de los alquileres, lo que supone un golpe directo a las finanzas de familias trabajadoras.

A esto se suman los aumentos en el impuesto a los vehículos y a las compras por internet, una modalidad que muchos han utilizado para sortear los embates de la inflación. En conjunto, estas medidas fiscales colocan a la clase media en una situación aún más difícil, despojando a este sector del poco margen que le quedaba para enfrentar el día a día.

Aunque el Gobierno defiende la reforma como un paso necesario para garantizar la protección social y mejorar la infraestructura, las críticas no se han hecho esperar. Economistas y analistas han señalado que esta reforma podría ralentizar el crecimiento económico al reducir el poder adquisitivo de los hogares, agravando las condiciones de vida de aquellos que, paradójicamente, son los principales motores de la economía: la clase media.

El debate, entonces, se centra en una cuestión esencial: ¿Es esta reforma una verdadera modernización del sistema fiscal o una mera herramienta para recaudar más dinero a expensas de la clase trabajadora? La Cámara de Diputados ha abierto un espacio de Vistas Públicas, en el que ciudadanos y sectores sociales han expresado su rechazo, advirtiendo que la reforma, tal como está planteada, amenaza con perpetuar la desigualdad fiscal en lugar de corregirla.

Si bien es cierto que el país requiere medidas para estabilizar sus finanzas, la carga no puede caer, una vez más, sobre los hombros de quienes, con esfuerzo, sostienen la economía. El enfoque debe dirigirse hacia una mayor progresividad en los tributos y un control más riguroso del gasto público, para que el desarrollo del país no se logre a costa del bienestar de la clase más esforzada, columna vertebral de cualquier sociedad próspera.

¿Cuál será el final de esta aventura? Déjemelo escrito en los comentarios.

Redactó: Raysa White Más © Escritora y periodista. Directora Ejecutiva de la Revista Internacional Vínculos Santo Domingo, 18 de octubre 2024