La Habana se encuentra en estado de parálisis política. Fuentes de inteligencia confirman que la administración de Donald Trump ha enviado un mensaje sin precedentes a la cúpula cubana: la era de la diplomacia lenta ha terminado. Washington ha fijado dos fechas que marcarán el destino de la nación.

Raysa White

El 15 de febrero es el plazo para la Aceptación de Principios. Antes de ese día, el gobierno cubano debe liberar a todos los presos políticos y firmar un cronograma electoral supervisado. Si no hay respuesta, el 24 de febrero -fecha cargada de simbolismo histórico- se activará el Día Cero.

¿Qué significa el Día Cero? No es solo un bloqueo naval total que cortaría la entrada de la poca energía que le queda a la isla.

Existen reportes de que la administración de Donald Trump ha planteado un escenario de «rendición o colapso». La demanda no es solo un cambio de política, sino el abandono del poder por parte de la familia Castro y los generales de la «vieja guardia».

  • Una transición que evite una intervención militar o un caos civil total.
  • Si no aceptan la salida, EE. UU. procedería con el encausamiento federal de las figuras clave por crímenes que no prescriben.

A esto se le ha llamado El ultimátum

El verdadero terror de la cúpula es el encausamiento federal. EE. UU. tiene listas las órdenes de captura contra Raúl Castro y sus generales por el asesinato premeditado de los pilotos de Hermanos al Rescate en 1996. Con pruebas desclasificadas y grabaciones directas, el gobierno ya no enfrenta una sanción política, sino una condena criminal que no prescribe.

El derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate (febrero de 1996) es el «as bajo la manga» legal de EE. UU.

Recientemente han resurgido grabaciones interceptadas por el FBI donde se escucha a Raúl Castro dar la orden directa del derribo en aguas internacionales.

A diferencia de otros delitos políticos, este es un caso de asesinato de ciudadanos estadounidenses, lo que permitiría a la justicia de EE. UU. solicitar órdenes de captura internacionales, dejando a la cúpula sin ningún lugar seguro fuera de la isla, salvo quizás Rusia o China.

Si el arresto ocurre bajo cargos por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, el impacto jurídico sería masivo.

Validaría la capacidad de las cortes de EE. UU. (o de un tribunal internacional) para juzgar a un exjefe de Estado por actos cometidos fuera de su territorio contra ciudadanos extranjeros.

El juicio obligaría a definir jurídicamente si el derribo fue un «acto de defensa de soberanía» (como alega La Habana) o un asesinato premeditado en aguas internacionales. Una condena invalidaría la doctrina de defensa aérea que las dictaduras usan para justificar ataques a civiles.

Podría ocurrir un efecto dominó en la Corte Penal Internacional (CPI). Aunque Cuba no es signataria del Estatuto de Roma, un proceso contra Raúl Castro en un tribunal de alta visibilidad (como el Distrito Sur de Florida o un tribunal especial en La Haya) presionaría a la CPI para actuar contra otros líderes regionales (como el caso de Venezuela).

Serviría de modelo para recopilar y presentar pruebas de órdenes directas (las grabaciones interceptadas del FBI), lo cual es el eslabón más difícil de probar en juicios contra dictadores.

Un juicio a Raúl Castro abriría la Caja de Pandora de la inteligencia cubana.

Bajo presión legal o en un intento de negociar penas, podrían salir a la luz archivos clasificados sobre el fusilamiento de Arnaldo Ochoa en 1989, la conexión con el Cartel de Medellín y el papel de la inteligencia cubana en operaciones de desestabilización en América Latina. Esto cambiaría los libros de historia contemporánea.

Para los aliados de Cuba (Corea del Norte, Irán, Nicaragua), ver a un Castro en el banquillo de los acusados sería de una penosa desmoralización, porque enviaría un mensaje de vulnerabilidad extrema. La captura de una figura mítica de la Guerra Fría demostraría que el apoyo de potencias como Rusia o China tiene límites cuando la presión de Washington se torna legal y operativa, y no solo política.

Para tener ideas de la magnitud de este hecho debemos entender que la supuesta captura de Raúl Castro no sería una simple acción policial; sería el Nuremberg del Caribe. El impacto principal no es la sentencia en sí, sino el mensaje de que el sistema internacional ha decidido que la soberanía de una nación no puede ser un escudo para el asesinato de civiles.

Un eventual procesamiento de Raúl Castro representaría un hito sin precedentes en la historia del derecho internacional y la justicia transicional. No sería solo el juicio a un hombre, sino el enjuiciamiento de un sistema que ha perdurado por más de seis décadas.

¿Permitirá la cúpula cubana que esto llegue hasta ahí?

Raysa White, escritora y periodista.