A poco más de dos semanas de que el Gobierno dominicano solicitara el retiro de nueve miembros de la misión diplomática cubana, junto con sus respectivas proles, mi mente continúa rumiando una pregunta que va más allá del episodio político y que, con todo respeto, expongo aquí…

Raysa White

A veces, las ironías más agudas de la geopolítica caribeña se disfrazan de simples desencuentros diplomáticos.

La reciente decisión del Gobierno dominicano de solicitar el retiro de nueve miembros de la misión diplomática cubana -acompañados por sus familiares, hasta completar, según informaciones publicadas, una comitiva de más de veinte personas- puede haber terminado en convertirse, sin proponérselo, en un insólito acto de piedad fiscal del Presidente Luis Abinader, hacia el pueblo cubano.

Porque quién paga esa cuenta. Valdría la pena hacernos la pregunta.

Porque se dice 21 más los 9 ¿Dónde dormían esa gente? ¿En el patio o en el sótano? Porque con lo alto que están los alquileres en RD ni un cuchitril evitaría el escándalo.

Desde luego que Cuba necesita embajadas. Todos los Estados las necesitan. La diplomacia no es un lujo. Representa intereses nacionales, protege ciudadanos, promueve relaciones económicas, culturales y políticas y mantiene abiertos canales indispensables entre los países.

La pregunta sería otra:

¿Cuánta diplomacia puede pagar un país que dice no tener dinero para garantizar necesidades elementales de su población?

¿Qué justifica el tamaño de algunas misiones?

La conducta indiscreta –para decirlo con una suavidad que no merece- de algunos funcionarios de la Embajada cubana en suelo dominicano, persiguiendo como unos locos, a cinco atletas que les dio por desmarcarse de su delegación, acaba de colocar esa pregunta bajo una luz incómoda.

En torno a ellos han circulado informaciones mucho más graves: presiones para conseguir su devolución, exigencia en tono hostil para que sean deportados, suposiciones raras y actividades presuntamente incompatibles con el estatus diplomático. Algunos medios han hablado incluso de labores de inteligencia.

Son acusaciones suficientemente serias como para no convertirlas en hechos mientras no exista información oficial que permita demostrarlas.

Pero tampoco son un detalle menor.

Una embajada representa a un Estado dentro del territorio soberano de otro. Puede negociar, solicitar, protestar, informar y defender los intereses de sus nacionales por las vías diplomáticas correspondientes. Lo que no puede hacer es sustituir a las autoridades del país anfitrión ni tomarse atribuciones que no le corresponden.

Ahí termina la diplomacia. Y empieza otra cosa.

Pero esto es lo que se rumora a vox populi en todos los colmados. Y de veras, no es nuestro interés indagar en el chisme, porque hasta el propio gobierno dominicano se ha mantenido discreto sin dar explicaciones.

Y luego se aparece otra historia vinculada al espionaje, algo que es viejo y pan comido en casi todas las embajadas, contra y más en las cubanas que aquello les viene por plan. Pero que en esta llamó más atención por ver a tanta gente dando agua al dominó y sin oficio.

Y es ahí donde entiendo que el Presidente Abinader, que es un hombre pacífico, prefiere echar tierra y dar pisón, evitando el susodicho girigay.

-Se van, y aquí no me dejen ni al perro de la alcantarilla.

Estamos hablando del retiro de nueve funcionarios, además de sus familiares. Algo hicieron que irritó a este noble país.

Porque a todas luces se ve que Santo Domingo no ha cerrado la Embajada de Cuba. Tampoco ha roto relaciones diplomáticas, como han hecho otros países en estos meses. La misión continúa funcionando y su embajador permanece en el país.

Pero lean de nuevo: Nueve. Más sus 21 familiares, aproximadamente.

La cifra inevitablemente provoca otra pregunta: ¿cuántas personas integraban entonces la representación cubana antes de esta decisión y cuáles eran exactamente las funciones que justificaban una estructura de tales dimensiones?

La pregunta adquiere mayor relevancia porque los nombres y cargos de los funcionarios retirados no han sido divulgados públicamente.

A todas luces hay una dimensión del episodio de la que casi ni se habla: la económica.

Mantener personal en el exterior cuesta dinero. Salarios o asignaciones, instalaciones diplomáticas, servicios, transportación, viajes y otros gastos que son inherentes al funcionamiento de cualquier misión en el exterior y que representan recursos. ¿Y esos recursos de dónde salen?

Y se trata de Cuba, donde el presupuesto para esos gastos le pertenece al Estado. Un Estado que lleva años explicando a sus ciudadanos que hay que sacrificarse porque los recursos no alcanzan.

No alcanzan para estabilizar el sistema eléctrico.

No alcanzan para garantizar medicamentos.

No alcanzan para producir o importar suficientes alimentos.

No alcanzan para mantener buena parte de la infraestructura nacional.

Pero, entonces, cómo es posible que sí alcance para sostener una extensa maquinaria estatal fuera de las fronteras.

Quizás la salida de nueve funcionarios de Santo Domingo no represente una cantidad capaz de modificar las cuentas nacionales de Cuba. Sería absurdo decirlo. Nueve funcionarios más su caterva de familiares no van a resolver una crisis económica acumulada durante sesenta y siete años de la estancia de un gobierno en el poder.

Pero ese tampoco es el punto.

El punto, compatriotas, son las prioridades.

Porque los presupuestos son también declaraciones políticas. Cada peso o cada dólar o cada euro que un Estado decide gastar expresa qué considera imprescindible y qué está dispuesto a posponer.

Por eso este incidente diplomático ofrece una oportunidad inesperada para mirar más allá del conflicto entre La Habana y República Dominicana.

¿Cuántas personas componen las misiones cubanas en países de dimensiones comparables?

¿Cuánto cuesta mantenerlas?

¿Qué proporción corresponde, realmente, a tareas diplomáticas, consulares, comerciales y culturales?

¿Y qué otras funciones justifican estructuras que, al menos en el caso dominicano, permiten retirar de una sola vez nueve funcionarios y mantener abierta la Embajada?

No tengo todavía todas las respuestas. Precisamente por eso hago las preguntas.

Porque mientras esas respuestas llegan, hay una realidad que no necesita demasiadas estadísticas para comprenderse.

Quien paga, finalmente, las prioridades de un Estado es el país que las sostiene.

Y ese país no es una abstracción.

Es la mujer que hace una cola para conseguir comida.

El anciano que busca un medicamento que no aparece.

La familia que espera que regrese la electricidad.

El trabajador cuyo salario apenas alcanza.

Ellos también financian al Estado.

Aunque nunca hayan visto una embajada por dentro.

Tal vez la República Dominicana solo pretendía defender su soberanía cuando decidió reducir la presencia diplomática cubana.

Pero, sin quererlo, nos ha dejado otra pregunta sobre la mesa. Una, bastante más doméstica que diplomática:

¿Cuánto cuesta representar en el extranjero a un país cuyo pueblo apenas puede sostenerse dentro de sus propias fronteras?

Mientras el cubano de a pie hace malabares para conseguir alimentos, medicamentos y combustible; mientras los apagones convierten la cotidianidad en una carrera de resistencia y los ingresos pierden valor frente a una inflación que devora cualquier posibilidad de normalidad, el Estado cubano mantiene una extensa red de representaciones en el exterior, sin que se le ruborice el rostro.

¿Amerita qué se los deje de tarea?